Estambul, Turquía


“Nuestra abogada ha ido al centro de detención de Kırklareli, donde están detenidos los refugiados devueltos a Turquía, (…) pero el jefe de la administración del centro no le ha permitido el acceso”. Karl Kopp, miembro de la asociación alemana Pro Asyl, expresa sus quejas en una conversación por teléfono desde la ciudad turca de Izmir. Este experto en asuntos europeos ha viajado desde Frankfurt para reunirse con su contraparte en Turquía, grupos de abogados y asociaciones que pretenden, por la vía legal, detener las devoluciones de migrantes y refugiados.

“Tenemos los nombres y los datos de las trece personas que fueron deportadas de Quíos sin la oportunidad de pedir asilo en Grecia y que están ahí retenidas…”, reclama Kopp. “Pero si no nos dan acceso, no podemos iniciar la actuación”. Si se demuestra que quienes deseaban solicitar asilo en Grecia, fueron devueltos a Turquía en el marco del Protocolo de Readmisión, se habría violado un derecho fundamental de los solicitantes de asilo. “Además, que un abogado pueda reunirse con su propio cliente, es una precondición del estado de derecho. Y tampoco se está cumpliendo”, sentencia.

Así, la asociación Pro Asyl, y su red de socios en Turquía y Grecia, pretenden apelar, uno por uno, todos los casos en los que “no se están respetando los derechos de los refugiados ni la ley internacional”. El primer paso es reunirse con los refugiados que se encuentran en los centros de detención. “Trabajamos con abogados turcos” para recurrir en los tribunales de Turquía, “donde la última instancia sería el Tribunal Constitucional turco”, explica Kopp. Además, “nuestros abogados ya están preparando una apelación en paralelo en el tribunal de Estrasburgo”, la medida más rápida que podría parar las deportaciones. Según él, ni siquiera los que han apoyado este “acuerdo sangriento” creen en su legalidad. “Incluso importantes representantes de Naciones Unidas han dicho que la implementación parece violar la ley internacional”.

El futuro incierto del Acuerdo UE-Turquía

La estrategia legal de este grupo es que un tribunal dicte sentencia sobre la ilegalidad de estos casos individuales: la devolución de refugiados sin derecho a pedir asilo, las expulsiones colectivas, la deportación a países en guerra, el principio de Turquía como tercer país seguro así como la privación de libertad en los centros de dentención y en condiciones que no respetan los derechos humanos. “Primero lo intentaremos en los tribunales nacionales y luego iremos a los europeos”, afirma Kopp. “Sería interesante que alguien, por ejemplo, un juez griego, se atreviera a cuestionar el principio de Turquía como tercer país seguro al Tribunal de Luxemburgo (Tribunal de Justicia la Unión Europea). Aunque tendría que ser un juez muy valiente”, afirma.

Ésta es precisamente la vía que quieren seguir algunas organizaciones en España, como CEAR (Comisión Española de Ayuda el Refugiado) o el Consejo General de la Abogacía. Están dispuestos a denunciar el nuevo acuerdo anti inmigración ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A diferencia de la iniciativa de Pro Asyl, esta decisión no abordaría los casos individuales, sino que pretendería acabar con el acuerdo en su totalidad. Según explica Inés Díez, abogada de Red Acoge, “esta medida no sería inmediata. (…) sino que llevaría bastante tiempo, precisamente el tiempo que urge para deshacerse de estas personas”. Si finalmente este Tribunal considerara que no es conforme a los Tratados de la UE, el acuerdo estaría acabado. “Pero este es el mal de la justicia, cuando hay decisión ya habrá perdido toda la actualidad”, afirma Díez.

Turquía, ¿tercer país seguro?

Pero, según la Directiva de Procesos de Asilo de la UE, ¿es verdaderamente Turquía un tercer país seguro para los refugiados? Ésta es la cuestión que plantean multitud de organizaciones y letrados pro derechos humanos. Precisamente el pasado 14 de abril se comenzaron a rechazar solicitudes de asilo en Grecia por considerar que Turquía, de donde venían los refugiados, era tercer país seguro para ellos. Según la legislación, este país debe respetar el principio de no devolución (a otro país no seguro) así como la protección de acuerdo a la Convención de Ginebra. Pero Turquía no aplica esta protección a los migrantes y refugiados del este, ni siquiera a los sirios. Y tampoco respeta el principio de “no devolución”, Amnistía Internacional y varios medios han publicado las deportaciones de afganos, pakistaníes e incluso sirios a sus países de origen.

Pro Asyl afirma que este procedimiento está, también, incumpliendo la ley. “Tenemos el caso de una familia siria con varios niños que pasaron por Turquía para llegar a las islas griegas y que ahora han recibido un papel que desestima su petición (de solicitud de asilo). Así que tienen que volver a Turquía porque, en su caso, es tercer país seguro”. Kopp asegura que la familia ni siquiera se registró en este país. Simplemente, dice, hicieron tránsito de manera ilegal para llegar hasta Grecia. “Se están aceptando huecos en el sistema turco”, afirma Kopp quien reconoce que, aunque es una lucha que les llevará años, no piensa abandonar. “Para nosotros, este es un momento crucial para Europa. Ésta es la batalla que decidirá el futuro del sistema de asilo en Europa”.

El “show” de las primeras deportaciones

La falta de transparencia y la desinformación impidieron conocer los detalles de las primeras devoluciones de migrantes y refugiados que se iniciaron el 4 de abril. No se publicaron los horarios de los ferries, ni el número exacto de personas, ni su destino en Turquía. Ante la espectación de los medios de comunicación, finalmente tres ferries transportaron a 202 migrantes y refugiados desde Lesbos y Quíos hasta la costa de Turquía. Pero el nuevo acuerdo no habría sido necesario para estas “nuevas” devoluciones. Grecia y Turquía firmaron un protocolo bilateral en el año 2002 para deportar a los denominados “migrantes ilegales”. “Sólo en este año”, afirma Kopp, “más de mil personas han sido deportadas de Grecia a Turquía bajo este acuerdo bilateral”, mucho antes de que entrara en vigor el nuevo acuerdo.

Así pues, la intención fue trasladar una imagen potente que detuviera, de una vez, el flujo irregular de barcas en el Egeo. Y los supuestos primeros envíos generaron el efecto buscado. De las 262 llegadas a las islas griegas del 3 de abril, según UNHCR, el día posterior a los primeros envíos se produjeron 28. “La idea era amenazar a los que tienen pensado cruzar en los próximos días. Incluso creo que ahora comenzarán a expulsar a familias y a niños”, para enviar imágenes “duras” y tener controlado el paso de dinghies hacia las islas griegas.

Finalmente, el 1 de junio el nuevo acuerdo de readmisión entre UE y Turquía suplirá al acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. “Aunque todavía desconocemos cuáles serán las implicaciones adicionales pero con el acuerdo bilateral se funcionaba mejor. Digamos que Turquía era más laxa en aceptar las devoluciones. Pero en este nuevo contexto estas readmisiones funcionan en el sentido de la UE y se reflejan en su base de datos”, dice Kopp, quien considera que nos enfrentamos a una “nueva etapa” de los derechos humanos en Europa. “Lo llaman la solución europea, pero en realidad son 28 países poco dispuestos que sólo quieren delegar responsabilidades en otros países, como Turquía”.